La reforma legal que impulsa el Ministerio de Educación ha salido trasquilada del proceso de consulta a las autonomías —durante el que las comunidades del PP no han dejado de plantear dudas y quejas— y en los próximos meses le espera un Congreso de los Diputados en el que la mayoría de los grupos se muestra ya absolutamente hostil. En la mente de todos está la anterior ley escolar aprobada con un Gobierno popular, la LOCE, de 2002.
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