La prometida ley de transparencia pública obligará a las Administraciones e instituciones públicas a facilitar a cualquier ciudadano toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva por razones de Estado o de protección del derecho a la intimidad. La ley instaurará un órgano independiente que vigile a las Administraciones y proteja el derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, derecho que España aún no ha garantizado como tal después de 32 años de democracia.
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