La ley trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, se abre a asuntos muy polémicos que traerán cola y quejas. Una de las cuestiones clave es que si un menor de edad siente que sus padres no respetan su identidad sexual (no especifican la edad, por lo que se entiende que con el mero hecho de tener menos de 18 años es suficiente) puede recurrir al Estado para que intermedie en la situación. El problema es que si la administración entiende que los padres no respetan la identidad sexual de su hijo, le pueden quitar la custodia.
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