La crisis estimula la picaresca en todos los ámbitos. También en el del transporte público. Para dar respuesta a las denuncias crecientes de intrusismo profesional en el sector del taxi, la Xunta incorporará un severo régimen sancionador en la norma autonómica con la que pretende dar estabilidad y favorecer la modernización de esta actividad. Las multas pueden llegar a los 6.000 euros, y se establece la obligación de que los más de 3.500 conductores de taxi en Galicia acrediten en evaluaciones periódicas su preparacion para el servicio.
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