La necesidad de una ley que proteja de represalias a las personas que destapan casos de corrupción fue la propuesta estrella de los programas electorales de todos los partidos para las generales de 2016. De todos menos del PP, que vivía acosado por los casos de corrupción y que terminó gobernando. El proyecto quedó en el olvido hasta el ciclo electoral de 2019, cuando de nuevo todos menos el PP se comprometieron a impulsarla...España es el único país de la OCDE que no ha establecido protecciones específicas para los denunciantes de corrupción.
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