El capítulo dedicado al control de las calles del megaproyecto presidencial propone reformar el Código Penal con aumento de las penas contra manifestantes, al punto de volverlas no excarcelables. Incluye el absurdo de que si se juntan tres personas o más en el espacio público, deberán pedirle permiso al Ministerio de Seguridad. Además, amplía el abanico de pretextos de los policías para disparar sin preguntar. Las organizaciones sociales, blanco de la persecución.
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