Las multas que impone el Estado por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, siguen al alza, pese a que la norma está recurrida en el Tribunal Constitucional por una buena parte de los grupos que integraban el Congreso de los Diputados en 2015 y pendiente de una reforma que se inició al final de la anterior legislatura y que decayó con la convocatoria de elecciones generales.
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