Aragón será la segunda comunidad autónoma que garantizará a sus ciudadanos una serie de derechos y garantías a la hora del proceso de su muerte. Y lo hará, tras Andalucía, después de que el pleno de las Cortes de ayer secundara una proposición legislativa de Izquierda Unida para permitir a los ciudadanos tener una muerte que evite la prolongación artificial y el sufrimiento cuando no haya ninguna posibilidad de sobrevivir. El PSOE y CHA secundaron la iniciativa, que se encontró con la abstención del PAR y la oposición frontal del PP.
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