Andalucía instó este viernes al Gobierno central a llevar a los tribunales al Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP) si decide privatizar los servicios de evaluación de personas dependientes, una función que la ley atribuye exclusivamente a la Administración pública. "Si [Aguirre] no tiene funcionarios, que los convoque, pero no porque lo diga yo, sino porque la ley encomienda taxativamente esa tarea a un equipo público; si privatiza ese servicio, entonces el Gobierno deberá recurrirlo", manifestó ayer la consejera andaluza para la Igualdad
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