En el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno contempla la reducción de 283 millones de euros para la aplicación de la conocida como Ley de Dependencia. Este recorte supone, que 256.000 personas dejarán de recibir las ayudas, lo que implica el total incumplimiento del compromiso que la memoria económica de la Ley anunciaba.
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