Más de 200.000 propietarios de inmuebles ubicados en el litoral español viven con el corazón en un puño. El Gobierno quiere recuperar cientos de kilómetros de la costa española ocupados por costrucciones, lo que podría derivar en el derribo de miles viviendas, urbanizaciones y complejos hoteleros, según la ley de costas de 1.988. Esta ley contempla sólo dos salidas extremas: la tramitación de una concesión de 30 años (prorrogable 30 años más) o la demolición. En ambas, el propietario pierde la propiedad del inmueble.
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