El Estado tiene la obligación de proteger a los consumidores, ciudadanos, de los embaucadores. Especialmente cuando exista una transacción comercial por sus productos o servicios, es decir, cuando medie dinero, aunque éste sea entregado bajo la forma de “donativo” y otros subterfugios. . Y, sin embargo, el gobierno mira hacia otro lado. Porque claro, las leyes las carga el diablo, empiezas disparando contra Rappel o las pulseritas Power Balance, y acabas cargándote Lourdes o Fátima. Hasta ahí podíamos llegar.
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