Mientras el Gobierno recorta mil millones en la aplicación de la Ley de Dependencia, prepara otra ley para entregar la atención de las personas dependientes al sector privado. Cuando se cumplen siete años de la aprobación de la Ley de Dependencia, diferentes organismos denuncian la falta de cobertura real que se ha dado a los servicios que supuestamente debían ser ofrecidos desde los diferentes organismos públicos y también el desmantelamiento de los servicios que habían sido adquiridos.
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