El pasado año los empleados públicos vieron reducido su salario, de media, un 5%. Durante el presente año lo tendrán congelado, lo que significa que tendrán una perdida salarial real mayor al 3% debido a la inflación que es, actualmente, superior al 3,5%. Ahora, además se habla de reducir sus pagas extras casi por completo (se acabe llevando a cabo o no). Sin embargo, tanto recorte o “ajuste” según quien lo diga, puede ser contraproducente no sólo para los funcionarios sino para la ya mermada estabilidad económica nacional.
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