El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), que desde diciembre se encarga de gestionar y controlar las ayudas sociales, ha suspendido de forma cautelar la Renta de Garantía de Ingresos que cobraban los cuatro agresores de los policías municipales de Bilbao, o sus familiares (cónyuges o padres), al detectar «irregularidades», según ha podido saber este periódico. En total, se retirará la RGI a nueve personas de la misma familia. Entre los cuatro implicados y cinco de sus familiares perceptores tienen a su nombre una docena de vehículos
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