La conocida como "doctrina Botín" consiste en que cuando el principal agraviado, representado por el Abogado del Estado, no ejerce la acusación contra el inculpado en una causa no presentándose en el juicio oral, no hay caso y el juicio se cierra. Esto ha servido para que Botín se fuese de rositas en una acusación por delito de falsedad contra la Hacienda Pública por el que se pedía seis años de cárcel. Pero no ha servido para exculpar a Kontxi Bilbao, Atutxa y Knorr de la acusación de no disolver el grupo parlamentario SA.
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