La delegación en León de la Asociación Nacional de Víctimas de Decisiones Arbitrarias de la Administración Pública Española critica que de al menos 50.000 incapacidades anuales denegadas por la Seguridad Social, 20.000 (de las cuales 400 corresponden a León) tienen que ser corregidas y reconocidas después por los tribunales, circunstancia que se salda después de procedimientos largos que en algunos casos, comportan episodios de depresión entre los afectados.
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