El ahorro de costes es la principal explicación de que los Departamentos de Justicia de Finlandia y Cataluña hayan decidido migrar todos sus ordenadores a OpenOffice. En el caso escandinavo, se dejarán de pagar dos millones de euros en licencias durante diez años, lo que compensa sobradamente la inversión necesaria para formar al personal y adaptar los documentos actuales.
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