La sentencia anula el decreto del consistorio gerundense, ve "intenciones políticas en el recurso del Estado" y condena ambas partes a pagar los costes del proceso judicial. La demanda del Estado tenía como objetivo que se anulara el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Girona del 7 de septiembre, a través del cual se formalizaba la contratación de los dos convoyes. Unos trenes que se pagaron con el dinero de los billetes y que, además, generaron un superávit de 2.500 euros que se destinó el Banco de los Alimentos.
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