El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón al Obispado de Ávila por la polémica retirada de la placa franquista de la iglesia de Pedro Bernardo. Adoptó medidas judiciales en su día al considerar que era “un acto de vandalismo” ya que se obligaba a un particular a “modificar un bien de propiedad privada”, y que no se había autorizado la intervención.
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