Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Zaragoza considera ilegal la exigencia del certificado del Registro Central de Delincuentes sexuales. Entró en vigor el pasado 1 de marzo de 2016 para aquellas personas que trabajan con menores, como maestros, entrenadores deportivos, médicos o trabajadores sociales, entre otros. La sentencia cuestiona la legalidad de este registro y es esa actuación administrativa de exigir el certificado lo que el juzgado declara "no conforme a derecho".
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