La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, impulsada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y firmada por su sucesor, Rafael Catalá, por la que se fijaba un límite de seis meses para la instrucción de causas que no pudieran declararse "complejas", ha torpedeado la persecución de los delitos asociados a estas causas, en general de corrupción, según han reivindicado todas las asociaciones judiciales en conversación con este periódico. En los últimos días, dicha reivindicación ha recibido un fuerte respaldo oficial.
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