El empecinamiento de Carlos Dívar por mantenerse en al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que se destapó el escándalo de sus viajes con fondos públicos a Marbella tenía una explicación política: el Gobierno de Mariano Rajoy maniobró para mantenerle en su cargo incluso después de que se conocieran las supuestas irregularidades en sus gastos de protocolo. La presión del Ejecutivo fue doble y la ejercieron tanto la vicepresidencia del Gobierno como el ministerio de Justicia
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