La cárcel catalana en la que permanecerán los imputados en el caso Pretoria tras abandonar la de Soto del Real fue construida por Proinsa, una de las empresas que aparecen en el sumario como beneficiaria de la trama de corrupción y cuyo presidente, Josep Singla, fue detenido en la operación acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias. Singla fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 euros.
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