Es una justicia propia de los regímenes dictatoriales, una justicia que considera que toda aquella persona que esté dispuesta a luchar, a protestar o a rebelarse, es un peligro social y merece cárcel. El título XV del Código Penal (artículos 311-318) dice: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores" y se supone que está para proteger a estos de los abusos de los empresarios.
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