El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº21 de Madrid ha aceptado el recurso impuesto por los coordinadores de las Marchas de la Dignidad contra la sanción de 3.000 euros que la Delegación del Gobierno de Madrid, entonces dirigida por Cristina Cifuentes, impuso a los organizadores de la multitudinaria manifestación del 22M de 2014.
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