¿Qué hace la Junta de Andalucía financiando las prejubilaciones de 17 trabajadores de Tragsa, una empresa del Estado que trabajaba en la extinción de incendios en Doñana? Es la pregunta del millón. El equipo técnico de la Consejería de Empleo que se encargó de estudiar el alcance de las irregularidades en marzo de 2011 tampoco supo contestarla. «No hay expediente de ERE, por lo que se desconoce la causa de la ayudas recogidas en la póliza». El coste final, incluida la comisión de Vitalicio Seguros ronda los 1,17 millones de euros.
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