Una mayoría de ONGs, Policía y jueces se postula a favor de la prohibición del uson del burka en espacios públicos. Señalan que si alguna mujer es obligada a ponerse el burka contra su voluntad, “existen cauces legales para que puedan defenderse y denunciar que se está vulnerando su libertad y sus derechos como persona”. Por el contrario, Amnistía Internacional se opuso a esta medida, al considerar que es algo innecesario, ya que pocas mujeres lo llevan en territorio español.
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