Abusiva propaganda institucional, escandalosas subvenciones a una televisión local (propiedad del hermano del alcalde),nombramiento de los representantes de la Administración, que han de velar por la limpieza del proceso electoral y que cobran por hacerlo, obviando a la oposición son algunos de los casos que han llevado a la Junta Electoral de Zona en Mérida a ratificar el uso ilegítimo de medios públicos al servicio del PP
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