La Junta de Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado públicamente en contra de la protección del lobo, está obligada por imperativo legal a asumirla, lo que incluye proporcionar información ambiental al respecto y la protección efectiva del cánido “presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etcétas)”.
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