Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta considera que está claro que la Fiscalía de Sevilla "tenía que tomar cartas en el asunto para que esta situación no se vuelva a producir". "Los padres no son propietarios de sus hijos", por lo que señaló que "
a la primera persona que hay que pedirle responsabilidades en este caso es a la madre de la menor de Camas". Relacionada:
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