El Consejo de Gobierno de la JdA ha acordado no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le ha reclamado en un auto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica. El Ejecutivo considera que se trata de un requerimiento "indiscriminado" que "vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma", que acredita su carácter "reservado".
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