En 2017 la eléctrica anunció el fin de los beneficios sociales que perciben desde hace más de 40 años sus empleados activos y los jubilados, entre ellos el derecho al suministro energético bonificado y las ayudas escolares al personal pasivo. La plantilla llevó el caso a los tribunales y la demanda fue desestimada con el voto en contra de la magistrada Carolina San Martín Mazzucconi, quien, según los trabajadores, debía haberse acogido al deber de abstención por haber colaborado ocho años con el despacho Sagardoy.
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