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La jueza Mercedes Alaya tomó declaración como imputado Antonio Rodrigo Torrijos (IU) acusándole de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacción ilegal de funcionarios públicos y un delito societario. Alaya considera que Torrijos preparó "a sabiendas de su injusticia", de común acuerdo con el resto de los inculpados un concurso público amañado para que la constructora malagueña Sando se hiciera con los terrenos de Mercasevilla, sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Sevilla y el M. de Hacienda.
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