"No cabe recurso". Así concluye la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, que estima la pretensión de Esteban García Miranda, un albañil en paro que lleva trabajando desde los 14 años y que consideraba insuficientes los 430 euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La sentencia se aferra a la Carta Social Europea para establecer que la Junta de Castilla y León debe "complementar" esa cuantía para alcanzar "el umbral de la pobreza", 663 euros mensuales.
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