El 24 de marzo de 2011, cuatro días después de darse a conocer la sentencia que anulaba la macrourbanización, la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE, decidió, con el apoyo del PP modificar el artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos, normativa de aplicación incluso de forma retroactiva, lo que daba carta blanca a la constructora para continuar con las obras frente a la decisión de los tribunales.
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