El togado advierte sobre la falta de publicación de la orden de Sanidad que sirve de fundamento y destaca que las medidas restrictivas de derechos fundamentales sólo pueden realizarse previa declaración de estado de alarma, que podría en este caso quedar limitado a la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Las restricciones afectaban al botellón, al consumo de tabaco, a la hostelería, a discotecas y residencias, entre otros.
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