Se trata de Juan Bover, jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, que avaló contratos entre el entramado empresarial de la trama de Francisco Correa y la Administración valenciana con motivo de la participación de la Generalitat en la feria Fitur, un negocio del que la red corrupta obtuvo unos cinco millones de euros entre 2005 y 2009 y que, según los informes de la policía y la Intervención General del Estado, fueron amañados de principio a fin.
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