La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Mula dictó ayer un auto en el que se le exige a Antonio Martínez y Rafael Aguilera, promotores de la fallida macrourbanización en Campos del Río, 30 millones de euros de fianza a fin de responder a las responsabilidades civiles que les reclaman numerosos afectados por este proyecto, y que ya han presentado sus querellas por un presunto delito de estafa en el juzgado muleño. El auto alerta de que, si este importe no se entrega en un plazo de 24 horas, se procederá al embargo de bienes.
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