El juez Manuel García-Castellón da crédito a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 y reactiva la línea de investigación del caso Púnica que compromete a Cristina Cifuentes, actual presidenta madrileña e integrante del comité de expertos que “de manera preconcebida” habría concedido el citado contrato al grupo del empresario Arturo Fernández.
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