El juez José Sierra, que instruye el caso de espionaje, no aprecia indicios de que detrás de las vigilancias sufridas por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, haya "una autoridad o funcionarios públicos" del Ejecutivo autonómico. Por esta razón, el magistrado descarta la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos al no inferirse el uso ilegal de fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
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