La jueza Elisabet Castelló ha imputado 25 empresarios y particulares por pagar sobornos a un alto funcionario municipal, Heliodoro Lozano -que fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella entre 2001 y 2008-, a cambio de poder abrir locales y apartamentos turísticos. Empresarios y particulares presuntamente abonaban dinero a una red de la cual también formaría parte el ingeniero Joaquim Quílez y una trabajadora del área jurídica del Ayuntamiento de Barcelona, Elena Ariza.
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