"No tiene derecho a hablar en la lengua que le dé la gana a usted", le advirtió la juez Murillo antes de convenirle que debía expresarse en castellano porque es "el idioma oficial" y lo conocía "perfectamente". La decisión de la presidenta provocó que la defensa del acusado presentara una protesta ante el tribunal, al que acusó de vulnerar el artículo 24 de la Constitución por no permitir a su cliente "expresarse en su propia lengua".
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