El Estatuto de los Trabajadores determina que la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador es motivo de extinción del contrato. El proceso iniciado por José Angorrilla, tras perder su trabajo después de un accidente laboral, provoca que el Tribunal de Justicia de la UE fuerce a España a cambiar su legislación: España vulnera la directiva europea sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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