Según estos cables, ha explicado Javier Couso, “la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, coordinaba un minigabinete para parar el caso, junto al ministro de Justicia Fernando López Aguilar, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido”.
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