El país sigue los ejemplos de Canadá, Suecia, Noruega, Islandia e Irlanda del Norte en la introducción de leyes diseñadas para castigar a los hombres que usan prostitutas sin criminalizar a las impulsadas a prostituirse. Sin embargo, algunas trabajadoras sexuales del país dicen que la represión va a conducir a una prostitución subterránea, colocando a las mujeres en mayor riesgo, obligándoles a trabajar en zonas más aisladas. Las personas condenadas por el uso de una prostituta en Irlanda se enfrentan a una multa máxima de 1.000 euros.
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