Son prácticas casi generalizadas y fruto de que, pese a que son ilegales porque vulneran distintas normativas, las administraciones no actúan. Y cuando lo hacen son cuantías ridículas”, cuenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua. “Eso implica que no solo se vulnera la ley del consumidor porque no te permitan entrar con comida, también se vulnera la ley de protección de datos por reclamarte esa documentación médica, porque [todo lo relativo a la salud] son datos protegidos. Y eso ya lo sanciona la Agencia Española de Protección de Datos...".
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