La posible defraudación de 24,7 millones de euros en ayudas que debieron invertirse en la reindustrialización de Cádiz cuestiona la gestión realizada por los organismos que evaluaban los proyectos que competían por hacerse con financiación pública, a cambio de abrir empresas en zonas sedientas de empleo como la provincia gaditana.Las indagaciones entran de lleno en el corazón político de este asunto.
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