El interventor general de la Junta de Andalucía emitió un documento en el que pedía que se le trasladara al entonces consejero de Economía y Hacienda, hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el informe en el que se daba cuenta de las irregularidades en el procedimiento de concesión de subvenciones a empresas en crisis que dio pie al amaño de prejubilaciones que investiga un juzgado sevillano.
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