El informe de la intervención carga contra la inacción de la Junta contra la concesión de los ERE durante años, desde Álvarez y Griñan, pasando por la falta de acciones concretas de la Intervención andaluza, la no elevación de todos sus informes a órganos de Gobierno, la dejación de funciones de varios cargos políticos, y la delegación impropia de la gestión de fondos en cargos sin atribuciones para ello, entre otras cosas.
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